La consecuencia más importante del incremento del efecto invernadero es el cambio climático. Para paliar en lo posible sus consecuencias, 36 países industrializados firmaron en 1997 el Protocolo de Kyoto, cuyo principal objetivo es la reducción global de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Para que el Protocolo de Kyoto entrase en vigor debía ser ratificado por un número suficiente de países, que en conjunto fuesen responsables del 55% de las emisiones de los países industrializados. Tras la firma por parte de Rusia en noviembre de 2004, el Protocolo entró en vigor el 16 de febrero de 2005, si bien la UE ya había asumido el cumplimiento de los objetivos del Protocolo.

El compromiso, obliga a limitar las emisiones conjuntas de seis gases (CO2, CH4, N2O, compuestos perfluorocarbonados (PFC), compuestos hidrofluorocarbonados (HFC) y hexafluoruro de azufre) respecto al año base de 1990 para los tres primeros gases, y 1995 para los otros tres, durante el periodo 2008-2012, con una reducción global acordada del 5,2% para los países industrializados.

La reducción sería de un 8% para el conjunto de la Unión Europea con respecto a las emisiones del año 1990. En el caso de España las emisiones para el periodo 2008-2012 deberán estar como máximo un 15% por encima de las de 1990.